El 29 de marzo de 2021, el Contralor General de la República escribió una columna en un Diario local en la que afirmó lo siguiente: “En el período 2009-2018, menos del 5% de funcionarios públicos señalados en los informes de la Contraloría obtuvieron una sentencia penal condenatoria. En el caso de las demandas económicas, se logró recuperar menos del 1% del monto involucrado en ellos procesos judiciales por perjuicio económico al Estado”. Posteriormente en la misma columna afirma que “(…) con la imposibilidad de aplicar la capacidad sancionadora desde 2019, más de 15,200 funcionarios y servidores públicos se libraron de sanciones y lo seguirán haciendo mientras el Congreso no apruebe algo tan sencillo como una ley con la lista de conductas sancionables, conforme recomendó el Tribunal Constitucional. Llevamos más de un año esperando”.

El bajo nivel de efectividad de la Contraloría General de la República, que el mismo Contralor reconoce, debería llevarlo a reflexionar respecto de la calidad de sus informes y, a la ciudadanía, a preguntarnos si queremos tener funcionarios y servidores públicos inocentes, pero señalados erróneamente como responsables de un pretendido perjuicio económico contra el Estado. Y es que Contraloría, solo con presentar informes por desacuerdos técnicos o económicos, somete por años a persecuciones fiscales y judiciales a funcionarios y servidores públicos honestos que podrían estar gestionando eficientemente en favor de la ciudadanía, en lugar de malgastar su valioso tiempo y recursos en defenderse de acusaciones sin fundamento.

Por otro lado, si desde el 2019 la Contraloría espera que se tipifiquen infracciones que pueda sancionar, sería conveniente tener un balance de los resultados del ejercicio de su facultad sancionadora del 2011 al 2019 y reflexionar si no es mejor fortalecer la que ejerce SERVIR respecto de los mismos funcionarios y servidores públicos. Ya la OCDE, desde 2016, ha advertido la a duplicidad de regímenes sancionadores de Contraloría y SERVIR, y ha recomendado caminar hacia un régimen único sancionador de funcionarios públicos. Esa debe ser la alternativa a seguir, prevaleciendo SERVIR, por su especialidad.

La ciudadanía requiere una Contraloría que no interfiera injustificadamente en la gestión pública eficiente que tanto requerimos en el país. Mejorar la calidad de su trabajo y consiguiente efectividad es un reto pendiente.

Artículo originalmente publicado en el Quincenario de AFIN

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