La incertidumbre sobre la recuperación económica causada por la COVID-19 ha generado un contexto de máximos históricos en los precios de minerales como el oro y la plata, que desde julio se encuentran por encima de los $1,900 y $26 la onza, respectivamente; tendencia que podría mantenerse en los siguientes meses.

Esta coyuntura ha despertado el interés de inversionistas que tradicionalmente generaban rentabilidad con portafolios en empresas productoras, destinando ahora también recursos a empresas con proyectos en fases tempranas (juniors), después de un largo periodo en el cual resultaba muy difícil atraer inversiones y acceder a capital de trabajo para exploración minera.

Ello se ha evidenciado en la Bolsa de Toronto (TSX y TSX-V), donde el volumen de transacciones de empresas mineras (TSX) ha sido superado por el de empresas juniors (TSX-V), sumado a que muchas de éstas han incrementado el valor de sus acciones hasta en 300%.

Ahora bien, este aparente nuevo ciclo de inversión ha tomado a nuestro país por sorpresa, sin que ofrezcamos una cartera de proyectos sólidos, lo que nos pone en desventaja frente a nuestros tradicionales competidores y resta sostenibilidad a la tan ansiada reactivación económica.

A ello se suma un aumento en la percepción del riesgo sobre nuestras regulaciones y políticas. Por ejemplo, para un inversionista minero, la regulación para exploración minera resulta siendo excesiva e impredecible, lo cual está generando retrasos y cancelaciones de proyectos (Encuesta Fraser, 2019).

Sin embargo, aún estamos a tiempo de revertir esa percepción capitalizando el atractivo de nuestro potencial geológico, siendo loable el esfuerzo del gobierno por tratar de generar una regulación coherente y predecible que genere confianza, a través de la creación de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible el año pasado, así como de la aprobación de un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros y la modificación del Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera este año.

Pese a ello, dicho esfuerzo termina siendo insuficiente si lo que se pretende es revertir la percepción de los inversionistas, pues es una tarea pendiente promover una cultura de confianza a través de, por ejemplo, aprobaciones automáticas en el caso de proyectos de bajo impacto.

Finalmente, es innegable que nada será posible si no se invierte en capital político; urge que nuestros gobernantes asuman un rol de liderazgo que asegure el destrabe de proyectos (bajo estándares ambientales y sociales) y reconozcan el efecto dinamizador de las inversiones mineras.

Artículo originalmente publicado en el Suplemento Minero del Diario Gestión.

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