Para no desaprovechar oportunidades frente a un nuevo superciclo

¿Cómo generar las condiciones necesarias para impulsar la exploración minera?

El 2021 representó un prometedor escenario de lo que sería un nuevo superciclo minero, al punto de que en nuestro país se alcanzó una recaudación histórica que generó un récord en la transferencia de canon minero (50% del Impuesto a la Renta) a gobiernos regionales y locales que superó al del año 2007, correspondiente al superciclo anterior. La incertidumbre sobre la recuperación económica causada por la pandemia generó hacia la mitad del año pasado un contexto de máximos históricos en los precios de minerales como el oro, plata, cobre y hierro; tendencia que se ha mantenido en los primeros meses de este año respecto al oro y el cobre debido, entre otros factores, a la guerra entre Rusia y Ucrania que los convierten en activos de refugio (oro) y la transición hacia una “economía y energía verde” (cobre, níquel, litio).

Si bien el inicio de este ciclo ha generado un beneficio a través de la combinación de factores de alza de precios e incremento de producción minera a niveles prepandemia, ello no será sostenible en tanto no ofrezcamos una cartera de proyectos sólidos, lo que no podrá alcanzarse sin el impulso de la exploración. En efecto, el freno a la inversión en exploración ha generado que, frente a un contexto de máximo históricos de algunos minerales, no contemos con proyectos de exploración consolidados y que puedan reemplazar a las unidades mineras existentes; lo cual afecta seriamente el futuro del sector.

Por otro lado, y como ya lo hemos experimentado, un superciclo también genera el incremento de expectativas de los grupos de interés que, por lo general, se traducen en presión regulatoria (reformas fiscales, limitación de tercerización, amenazas de nacionalización) y demandas de incremento de inversión social. De ahí que el referido dilema represente un reto, pues implica implementar una política a mediano y largo plazo que articule el esfuerzo de los privados pero, sobre todo, de los entes gubernamentales más allá del horizonte de un periodo presidencial.

Así, el primer paso es generar confianza en los inversionistas a través no solo de una regulación clara y consistente, sino predecible en su aplicación y que nos vuelva atractivos frente a nuestros competidores. La última encuesta del Instituto Fraser nos muestra que una de las principales preocupaciones es la predictibilidad en la aplicación de las normas; es decir, limitar la discrecionalidad de las autoridades al momento de tomar decisiones. En efecto, las percepciones acerca de nuestro país –que juegan un papel determinante al momento de la toma de decisión sobre invertir- reflejan que la regulación para el desarrollo de exploración minera es excesiva e impredecible, lo cual está generando retrasos y cancelaciones de proyectos.

Uno de los aspectos que representa una traba es el de la autorización para proyectos de bajo impacto. Por ejemplo, si bien positivamente se logró que los proyectos que consideren hasta 20 plataformas de perforación no requerían propiamente un estudio ambiental, ello se relativizó creándose la figura de la Ficha Técnica Ambiental que se encuentra sujeta a evaluación y aprobación por parte de la autoridad, sumado al de la Autorización de Inicio. Ello nos pone en desventaja, por ejemplo, con nuestro vecino Chile donde no se requiere de un estudio ambiental para exploraciones de hasta 20 o 40 plataformas dependiendo la región. Ahora, lo que se pretende no es reducir los estándares, pues el hecho que no se requiera un estudio ambiental o una autorización de inicio para este tipo de proyectos no significa en modo alguno que los titulares no cumplan con las disposiciones ambientales y técnicas de la regulación, que deben estar bajo estricta supervisión de las autoridades competentes.

Por otro lado, y aun cuando represente una tarea a largo plazo, debemos generar conciencia que la exploración es una actividad sumamente riesgosa financieramente. Aproximadamente, de cada 1,000 prospectos, 100 se desarrollan como proyectos de exploración y, de éstos, 1 termina materializándose en una mina. Ello ha sido valorado, por ejemplo, en la regulación de hidrocarburos en donde se buscan sinergias entre privados y el Estado. Así, aun cuando existan mecanismos para ello en el sector minero (áreas de no admisión), son incipientes y no han tenido los resultados esperados, por lo que urge implementar mecanismos de participación público privados que permitan asignar riesgos y generar incentivos en una actividad como la exploración. En ese contexto, es loable la iniciativa estatal de conformar un grupo de trabajo para proponer acciones y medidas de exploración y explotación de litio; sin embargo, va a ser determinante lograr consensos y articular la partición público-privada.

Finalmente, y a partir de lo anterior, el adelanto social por parte del Estado será clave en aquellas áreas donde se haya identificado un potencial geológico. Igual, una vez iniciadas las actividades, el acompañamiento va a permitir su éxito pues, por desgracia, ello no ocurre actualmente y nos enfrentamos a escenarios donde los conflictos son afrontados únicamente por los titulares mineros con una participación estatal nula o demasiado pasiva.

A modo de conclusión, la sostenibilidad y futuro del sector recae en la exploración. Para ello, si bien es notorio el esfuerzo privado para desarrollar nuevos proyectos, lo cierto es que no se llegará a buen puerto sino se crean las condiciones necesarias que permitan un ambiente atractivo para la inversión, donde el Estado debe asumir un rol de liderazgo en base a una política que articule a todos los actores.

* Artículo publicado originalmente en la revista Energía y Minería. https://es.calameo.com/read/000564873b0178e2b0302