En el Perú, la pandemia ha hecho más evidente el gran déficit en infraestructura en los diversos servicios públicos: transporte, energía, telecomunicaciones, salud, agua y saneamiento, infraestructura hidráulica y educación. Nuestro desarrollo de infraestructura está retrasado en relación con pares regionales y más aún con países de la OCDE. Nos ubicamos en el puesto 85 de 137 países en el Indicador de Calidad de Infraestructura del Índice de Competitividad Global 2017-2018.

En enero del 2018 y según cálculos de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional- AFIN^[1], la brecha en infraestructura superaría los US$165.000 millones, sin contar los US$6.400 millones que representaron los daños ocurridos tras El Niño Costero del año 2017. Con ello, hacía enero del 2018 el monto total que debemos invertir para obtener adecuados servicios públicos, asciende a poco más de US$ 171,000,000.00 (Ciento setenta y un mil y 00/100 millones de dólares). El nivel de inversiones que se deben ejecutar no puede ser asumido solo por el Estado y por lo tanto se requiere la activa participación del sector privado para que, mediante iniciativas privadas, concesiones, obras por impuestos u otros mecanismos, participen en la mejora de los servicios públicos.

Los graves daños generados a lo largo del país por el fenómeno del niño costero que se dio a inicios del 2017 y el grave retraso que ha tenido el Estado para la ejecución de las labores de reconstrucción es un claro ejemplo de las complicaciones[2] que tiene el sector público para responder con prontitud y eficacia en la construcción de obra pública.

En esa línea tenemos que, el avance del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios está sumamente rezagado. De acuerdo con cifras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)[3], a la fecha se han invertido unos S/. 6.210 millones, entre sus diferentes componentes. Esto representa un avance de 24,2% de todo el plan integral, cuyo presupuesto total se estima en S/ 25.655 millones.  Sin embargo, hay pequeñas señales de aceleración en las obras: en el 2019 se ejecutaron S/ 3.392 millones, una cifra que es 89% superior a la registrada en el 2018.

Frente a este escenario, el Ejecutivo ha considerado adoptar esquemas de contratación Gobierno a Gobierno (G2G), con el Reino Unido, para impulsar la ejecución de más de 118 obras de reconstrucción y construcción en el norte del país que están contempladas en el Plan Integral para la Reconstrucción con cambios. Se aplicará en 74 locales escolares, 15 establecimientos de salud y la construcción de soluciones integrales de 17 ríos, 5 quebradas y 7 sistemas de drenaje. Bajo el acuerdo con el Reino Unido se calcula invertir alrededor de S/ 7.000 millones (Cerca de dos mil millones de dólares) en los próximos dos años en nueve regiones del país. Este primer anuncio de inversión representa alrededor de 27,3% del presupuesto total para la reconstrucción con cambios.

Entonces, un primer tema que debemos seguir solucionando es: ¿Como, desde el Estado, logramos que la ejecución de proyectos sea eficaz y transparente? Ello es necesario para acelerar el cierre de la brecha en infraestructura. Ese punto lo dejaremos planteado y buscaremos identificar algunos problemas que retrasan la ejecución misma de los proyectos e ir planteando algunas opciones de solución.

Los múltiples diagnósticos efectuados, coinciden que, los principales temas por resolver para acelerar el cierre de brecha en infraestructura, son:

• Problemas de saneamiento de la propiedad. En el Perú no siempre es sencillo identificar indubitablemente al propietario de un predio, ni tampoco los límites exactos del predio. La posible existencia de duplicidades registrales, complica aún más la situación. En esa línea, es fundamental tener en cuenta el estado del saneamiento de la propiedad de los predios, antes de iniciar el proyecto. Entre otras medidas, debemos desarrollar adecuadas políticas de catastro y de manejo de información predial a nivel nacional.
• Informalidad en propiedad, construcción, crecimiento de ciudades, entre otros. Tenemos un país con niveles altos de informalidad en todos los sectores económicos. Ello también se manifiesta en el derecho de propiedad. Lamentablemente se ocupa el suelo y se construyen viviendas sin permisos ni autorizaciones. La ocupación del suelo en muchos casos no concuerda con los derechos de propiedad formalmente existentes. 7 de cada 10 edificaciones se efectúan son informales (sin autorizaciones y/o asistencia técnica). Todo ello complica y genera sobrecostos para la dotación de múltiples servicios.
• Demora en tomar posesión y poder utilizar predios. En esa línea el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1192 (Ley de Expropiación) establece normas que facilitan al Estado la toma de posesión de predios involucrados en la ejecución de proyectos.    Como un tema transversal y sin perjuicio de que lo establecido en la Ley, debemos adoptar medidas para que un proceso de desalojo en el Perú no siga demorando 4 a 5 años. Y a veces más.
• Retraso en entrega de predios y en la ejecución y culminación del proyecto. En los casos de proyectos entregados en concesión a particulares ello muchas veces genera el pago de multas y penalidades por el Estado.  Por ello es fundamental verificar y definir plazos razonables de entrega de predios. Otra posibilidad, quizá más más práctica para el Estado, es trasladar al concesionario la responsabilidad de todo el proceso de saneamiento y liberación predial.
• Liberación de interferencias. Las interferencias son instalaciones existentes a cargo de empresas o entidades prestadoras de servicios públicos y otras instalaciones o bienes que se encuentren dentro del área del derecho de vía o de ejecución de obras de Infraestructura. Por ejemplo, los bienes muebles e inmuebles que sirven para la prestación directa e indirecta del servicio público, los paneles, canales, paraderos, señalización, semáforos, entre otros. Proceder a su traslado para la ejecución del proyecto e incluso determinar su existencia o no, en ocasiones se torna complicado. Esto de alguna forma se relaciona al ccrecimiento desordenado de las ciudades y a problemas de falta de información catastral.
• Múltiples entidades ejecutan los procedimientos de expropiación y ello va de acuerdo a su competencia para la prestación del servicio público. Ante ello cabe preguntarse: ¿No sería mejor crear un Organismo que centralice las expropiaciones? Es importante tener en cuenta el Decreto Legislativo 1333 que creó el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), como un proyecto especial en PROINVERSION. Dicha norma fue derogada y no se pudo implementar.
• Necesidad de generar procesos de interconexión eficaces y rápidos entre entidades públicas para acelerar el intercambio de información catastral. Seguir implementando procedimientos digitales. Ya muchas entidades, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y Registros Públicos están en esa línea. Sin embargo, siempre hay espacio para mejorar y sistematizar los procedimientos (sobre todo en niveles de gobierno regionales y municipales).

En un escenario de crisis económica generada por la pandemia es fundamental que el Estado (en todos sus niveles) genere un ambiente de estabilidad, seguridad jurídica y muestre políticas que faciliten y promuevan la ejecución de proyectos y los mecanismos de promoción de la inversión privada. Mucho más para proyectos vinculados a la prestación de servicios públicos (en especial en salud, telecomunicaciones, transporte que son sectores que han manifestado enormes carencias en la pandemia).

Es claro que hay mucho por hacer y mejorar sobre todo en diversos procedimientos para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructuras y la dotación de servicios públicos. Sin embargo, es una gran oportunidad para el Estado y para el sector privado para generar sinergias y procesos eficientes.

El país en general y el mercado inmobiliario en específico tienen fundamentos económicos sólidos que hacen atractivo, para actores privados, la posibilidad de ejecutar proyectos. No perdamos una nueva oportunidad para empezar a construir un país en donde todos los ciudadanos podamos contar con servicios públicos de calidad.

Artículo originalmente publicado en Legal 500.

Para acceder, visite este link: https://bit.ly/2WqFVad

[1] https://elcomercio.pe/economia/dia-1/brecha-infraestructura-iniciamos-ano-noticia-485713

[2] Generado por múltiples causas.

[3] Mediante Ley N° 30556 se aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”